***Poza Rica.-
Con 273 votos a favor y 220 en contra, la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada en lo general la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia para regular dichos procesos, así como el relativo a la responsabilidad penal del Presidente de la República.
Pese a los cuestionamientos de la oposición por considerar la nueva ley como inconstitucional e instrumento de persecución política, la mayoría de Morena y sus aliados la avalaron en “fast-track”, con dispensa de todos los trámites, en la primera sesión ordinaria de la 65 Legislatura.
Diputados de diversos grupos parlamentarios presentaron 61 reservas para su discusión en lo particular.
De acuerdo con el proyecto, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano.
No obstante, si el dictamen de la Sección Instructora considera procedente la solicitud del Ministerio Público para el desafuero del mandatario, la Cámara de Diputados se constituirá en órgano de acusación y, de aprobarlo, continuará el procedimiento ante el Senado, cuya resolución se orientará a establecer si se encuentra o no acreditada la probable responsabilidad del titular del Ejecutivo en la comisión del delito de que se le acusa.
La ley señala que es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
Entre dichos actos se enumeran el ataque a las instituciones democráticas; el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, laico y federal; las violaciones a los derechos humanos; el ataque a la libertad de sufragio o a la posibilidad material de emitirlo; la usurpación de atribuciones o el uso ilícito de atribuciones y facultades, así como cualquier violación a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la federación, a uno o varios estados o a la sociedad.
Aunque el proyecto de decreto establece expresamente que “no procede el juicio político por la mera expresión de ideas”, los legisladores del bloque opositor alertaron sobre el riesgo de persecución política, a partir de causales como “el ataque a las instituciones democráticas”.
“Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará a la persona servidora pública con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público desde diez hasta treinta años”, subraya el articulado.
El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que la persona servidora pública desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones.
Al fijar la posición del PAN en tribuna, la diputada Annia Sarahí Gómez sostuvo que el dictamen no apunta a abatir la corrupción, sino es un instrumento de poder y venganza.
“Esta ley retoma figuras procesales antiguas que ya no tienen cabida en el sistema de justicia mexicano. Tiene un espíritu de venganza en contra de los estados que no se han dejado intimidar por el centralismo que tanto daño ha hecho”, acusó.
En su turno, el priista Marco Antonio Mendoza sostuvo que la iniciativa presenta deficiencias que vulneran los principios básicos de los derechos humanos, el debido proceso y atenta contra la separación de poderes.
“Debemos legislar responsablemente respetando los principios e instituciones políticas emanadas de la Constitución. No se trata de un texto jurídico, sino de un instrumento político, cuyos vacíos legales y deficiencias se transforman en un potencial peligro para la estabilidad del clima político y social del país”, alertó.
Por Morena, la legisladora Lidia García Anaya subrayó que la impunidad es la mayor amenaza que pone en riesgo la solidez del Estado de derecho, por lo que esta ley terminará con excusas, al dotar de mayor certeza, claridad y congruencia a los procedimientos para llevar ante la justicia a quienes se les acuse y comprueben actos ilícitos desde el servicio público.
En la primera sesión ordinaria de la 65 Legislatura, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia.
La nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia prevé actualizar la reglamentación de dichos procesos y la responsabilidad penal del Presidente.
